La justicia del michoacanazo

Jorge Fernández Menéndez

Cuando ocurrió el michoacanazo las pruebas existentes contra la mayoría de los involucrados parecían ser abrumadoras: grabaciones telefónicas, testimonios de testigos protegidos, cuentas bancarias, aparecían con sistemática regularidad en las acusaciones contra los detenidos. Inexplicablemente, el que era el caso más importante y que mejor demostraba las verdaderas redes de la narcopolítica en el país se fue desvaneciendo: primero los acusados fueron trasladados desde las cárceles de máxima seguridad a la de Morelia donde, según los datos oficiales, tenían un régimen prácticamente de SPA, y de allí fueron enviados uno por uno a su respectiva casa.

Fue tal la impunidad que, ante el hecho contundente de que todos terminaran en libertad, se llegó a pedir, desde el gobierno michoacano de Leonel Godoy, que el federal ofreciera una disculpa pública a los involucrados por haber manchado su buen nombre. Y en paralelo con ello, el medio hermano del gobernador Julio César Godoy, que hasta entonces estaba prófugo, se presentó, con un año de retraso, a tomar posesión de su curul en la Cámara de Diputados y obviamente de su fuero.
Julio César Godoy consiguió un amparo, de los mismos tribunales que habían dejado en libertad a los otros implicados en el michoacanazo, y fue ingresado a San Lázaro en el baúl del carro de un diputado perredista, lo escondieron en las oficinas del entonces líder de ese partido en la Cámara baja, Alejandro Encinas, y dos días después rindió protesta, en uno de los hechos más bochornosos de la historia legislativa del país, como diputado federal. Para que la burla no fuera menor, Godoy Toscano se incorporó inmediatamente a la Comisión de Seguridad de la Cámara para analizar, dijo, los excesos de las fuerzas de seguridad.
Pero resulta que se solicitó su desafuero y los diputados de la Comisión Especial, presidida por César Augusto Santiago, lo mismo que todos los mexicanos, pudimos escuchar las mismas grabaciones que los jueces, en primera instancia, habían desestimado, y le otorgaron un amparo y el fuero. Las conversaciones con Servando Gómez, La Tuta, uno de los jefes de La Familia Michoacana (ahora, dividido ese grupo, jefe de Los Caballeros Templarios), donde con lujo de detalles se le explicaba al entonces candidato los apoyos que tendría y también los compromisos asumidos fueron demasiado contundentes y Julio César Godoy fue desaforado. Por supuesto, antes tuvo tiempo de darse a la fuga y hasta el día de hoy continúa prófugo de la justicia. Nadie, ninguno de los involucrados en su entrada a San Lázaro, de haberlo convertido en candidato y luego en diputado, de haber permitido esa burla al Congreso y a la ciudadanía, se ha disculpado por ello. Mucho menos su medio hermano, gobernador y ahora, hasta este fin de semana, senador por el PRD, Leonel Godoy. Tampoco su partido.
Todo esto viene a cuenta porque el juez que ordenó todas las liberaciones del michoacanazo, Efraín Cázarez López (y también de otro personaje perredista, Greg Sánchez) ahora sí está siendo investigado por la PGR, a partir de declaraciones de testigos protegidos, pero también de sus  inconsistencias como juez. A diferencia de otros casos, como el de José Guadalupe Luna Altamirano, hasta ahora el Consejo de la Judicatura no lo ha retirado de su cargo, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo, Juan Silva Meza, dijo que ese órgano defenderá a cualquier juez “que sea perseguido por cumplir con su responsabilidad”. Le contestó la procuradora Marisela Morales, y ayer mismo el presidente de la Corte se habría reunido con el presidente Calderón.
No sé que sucederá con el juez, lo que me parece inconcebible son sus resoluciones. Olvidemos otras pruebas: las grabaciones existentes en torno a los involucrados en el michoacanazo son tan contundentes que no admitirían lugar a dudas, no necesariamente para decretar la culpabilidad de los implicados sino, por lo menos, para someterlos a juicio. No fue así: un juez decidió dejarlos a todos en libertad. Su actuación también merece ser juzgada.
Los Zetas
Aquí informamos desde el 13 de agosto pasado que el cártel de Los Zetas se había dividido y que luchaban por el control de su gente y territorios sus dos antiguos líderes, Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño. También advertimos, y dijimos, que la ciudadanía tenía que ser a su vez avisada de esos peligros, sobre el recrudecimiento de los enfrentamientos entre los grupos de ese cártel y los derivados de la reconfiguración de los mismos. Apenas el lunes, la PGR reconoció oficialmente esa realidad. Antes hubo violencia en San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, el Estado de México y Morelos, como consecuencia de esa ruptura. Siempre será mejor informarle a la gente y advertirle de los peligros que se corren antes que demorar la información. La culpa nunca es del mensajero.